La empresa considera que esta “es una de las más grandes, por no decir la más grande” de las operaciones que ha realizado en sus 13 años en Chile. Para concretarla, invirtió US$ 25 millones en adquirir 50 vans Staria de Hyndai, de nueve asientos, y habilitaron dos counters de atención en el terminal aéreo nacional e internacional.
“Nosotros apostamos por Chile porque vemos un tremendo potencial de crecimiento y un mercado resiliente ante los cambios económicos que se puedan presentar”, dijo la compañía a DF.
Fue en enero de 2024 que Transvip presentó una demanda de competencia desleal en contra de Cabify, a la que sumó también Nuevo Pudahuel.
Transvip es concesionaria de un servicio de transporte de minibuses en el aeropuerto de Santiago, pero en 2022 esta firma inició la búsqueda de un socio en un proceso liderado por Larrain Vial. Así, en su demanda acusó a Cabify de usar información confidencial obtenida durante esa instancia para preparar su oferta de transporte de pasajeros desde y hacia el terminal aéreo.
Cabify se refirió al respecto: “Rechazamos las acusaciones en su totalidad. Esto atrasó un poco nuestra operación, pero como comentamos, nuestra apuesta es por un servicio de calidad superior”.
El Tribunal había interpuesto una medida precautoria, pero ésta recientemente fue levantada, así que Cabify finalmente podrá concretar el negocio.
La licitación es por cuatro años y, según la empresa, “esperamos ver la evolución del mercado para incorporar vans adicionales”.
La compañía dijo que “en nuestros 13 años de operación en el país, nos hemos consolidado como un actor relevante en la movilidad urbana, no solo a nivel individual, sino que también en la movilidad corporativa”. En ese sentido, indicó que “el aeropuerto es un engranaje clave de esta movilidad y por ello para nosotros era un anhelo de hace bastante tiempo”.
Este giro de Cabify comienza justo después de promulgarse la llamada Ley Uber. La plataforma afirmó que el servicio de transporte público de pasajeros al aeropuerto está regulado desde mucho antes de la promulgación de dicha norma y cuenta con una autorización especial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
POR BLANCA DULANTO
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